(Comunicado de Prensa de
la SIP)
Poderes Judicial y
Legislativo aceptan recomendaciones para buscar reformas que
permitan combatir la impunidad
Bogotá (3 de septiembre de 2008).– Los poderes Legislativo y
Judicial de Colombia aceptaron recomendaciones para estudiar
reformas de política pública para combatir la impunidad,
durante un foro judicial convocado ayer en esta ciudad por
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación
de Diarios Colombianos (ANDIARIOS), y del que participaron
magistrados, jueces, fiscales, periodistas y directores de
medios de comunicación.
La reunión tuvo como finalidad dar a conocer el contenido
del estudio "Injusticia premiada" presentado por la SIP y
ANDIARIOS, y una serie de recomendaciones sobre propuestas
de reformas legales y judiciales administrativas para
reducir la impunidad.
El trabajo realizado por los abogados locales Rodrigo
Uprinmy y Guillermo Puyana se basó en detectar
irregularidades en el proceso judicial del crimen del
periodista Orlando Sierra, las que permitieron que el autor
material del asesinato haya sido sancionado a 19 años y seis
meses de prisión cuando le hubieran correspondido 39 años
según el tipo de delito agravado, y que fuera liberado
después de cumplir solo cinco años de condena.
Uprimny y Puyana concluyeron que en el caso de Sierra se
produjeron inconsistencias legislativas, errores en la
dosificación de las penas y factores subjetivos de jueces y
fiscales, que llevaron a la aplicación de una "justicia
premial", que "conduce a formas de impunidad relativa".
La serie de recomendaciones volcadas al foro, fueron el tema
principal de un panel en el que intervinieron Francisco
Rucarte, presidente de la Corte Suprema de Justicia;
Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte
Constitucional; Hernán Andrade, presidente del Congreso
nacional; Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la
República y Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación.
Con anterioridad, Enrique Santos, vicepresidente de la SIP y
director del El Tiempo
de Bogotá, sentó el tono del debate al preguntarse sobre la
inconsistencia judicial que permitió la liberación del
asesino de Sierra, el sicario profesional Luis Fernando Soto
Zapata, quien murió el 4 de julio de este año en un
enfrentamiento con la policía en Cali: "¿Qué hacía solo 67
meses después, en la calle, nuevamente delinquiendo y
matando?".
"Es un hecho perturbador - agregó Santos - que obliga a
preguntarnos cómo está operando y qué efectos está logrando
el sistema vigente de beneficios y rebajas de penas que
otorga la ley".
El presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra,
afirmó que los procesos de los periodistas deben tener
consideraciones especiales para la justicia, porque "los
atentados contra los comunicadores impactan el derecho
fundamental a la libertad de expresión". Mientras tanto, el
senador Andrade dijo que "el Congreso de la República
propenderá por todo tipo de protección, de los derechos
fundamentales a informar y ser informado, a opinar, a no ser
censurado y al sigilo profesional de los periodistas. Y con
mayor razón cuando se trata de trabajar en conjunto para
fortalecer la Política Criminal que apunte a reducir los
niveles de impunidad en todo tipo de violaciones a la Ley
Penal".
Por su parte, el fiscal general, Iguarán, dijo que "con
bochorno y vergüenza tenemos que admitir que hubo errores en
el caso de Orlando Sierra y hay todavía impunidad en la
autoría intelectual".
El trabajo solicitado por la SIP y ANDIARIOS a Uprimny,
abogado y director del Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad, y a Puyana, abogado experto en
legislación de medios de comunicación, derivó en las
siguientes recomendaciones, entre otras, sobre la política
criminal colombiana: (El estudio completo y un resumen
ejecutivo pueden verse en www.impunidad.com).
Que los beneficios penales no se otorguen en forma mecánica;
que se superen inconsistencias sobre el principio de
favorabilidad que beneficia a muchos criminales,
excluyéndose la práctica de conceder reducciones generales
de pena; que se prevean penas mínimas que deben ser
cumplidas cualquiera que sea la cantidad de beneficios
concedidos; que se regulen en forma más apropiada las
condiciones para el otorgamiento de la libertad provisional
y de la redención de pena por trabajo o estudio y que se
condicionen los beneficios penales a la colaboración
efectiva de parte de los criminales para que se esclarezca
el hecho en forma total, incluyendo la identificación de los
autores intelectuales.
El foro judicial comenzó con la proyección de "La Batalla
del silencio", documental de la SIP sobre el asesinato de
Sierra el 20 de enero de 2002 cuando era subdirector de La
Patria, de Manizales, y autor de la columna Punto de
Encuentro en la que hacía denuncias sobre corrupción
implicando a políticos locales.
El foro fue iniciado por la directora del ANDIARIOS, Nora
Sanín, y por Diana Calderón, periodista de la Unidad de
Respuesta Rápida de la SIP, que hizo un pormenorizado
informe sobre el estado de los procesos legales en los que
se encuentran 57 homicidios por razones profesionales
cometidos contra periodistas desde 1993 a diciembre de 2007.
Al cierre de la jornada, Ricardo Trotti, director de
Libertad de Prensa de la SIP, a nombre de la institución,
solicitó al Procurador General que acepte la recomendación
de la Fiscalía para solicitar a la Corte Suprema la revisión
de un juicio que siguió al crimen del periodista Nelson
Carvajal Carvajal.
El foro judicial se realizó en seguimiento de la Conferencia
Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad realizada por
la SIP en Santo Domingo, República Dominicana, del 18 al 20
de julio de 2007. Se desprende del trabajo de la Comisión
Contra la Impunidad de la SIP, que cuenta con el apoyo
económico de la Fundación John S. y James L. Knight.
Sociedad
Interamericana de Prensa ™(SIP)
Miami, Florida 2008.
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