Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA fue una iniciativa gestada en 1997, y puesta en marcha en 1998; representó un acto concreto de reafirmación de la democracia en el continente. Con su creación se aseguraba un control imparcial y autónomo de la vigencia de la libertad de expresión.   

Esta iniciativa tuvo como principio encarar el tema del “Asesinato de Periodistas sin Castigo”. La creación fue un importante logro para democracia latinoamericana tras las dictaduras militares.

Sin embargo, un documento que incluye tres recomendaciones introducidas por el gobierno ecuatoriano y apoyadas principalmente por el gobierno venezolano fueron aprobadas durante el periodo de sesiones del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, realizado el pasado 25 de enero en Washington.

La más preocupante de las recomendaciones es la que pide “igualar” el financiamiento de todas las relatorías de la OEA, que en la actualidad son ocho.  Se recomienda que el informe anual de la relatoría, donde se evalúa la libertad de expresión por país, se integre al informe anual de la CIDH, es decir, que sea un capítulo más del reporte de la CIDH y no un informe por separado.

Organizaciones periodísticas y sociales de Colombia expresaron su preocupación por la débil presencia de Colombia en los debates de la Relatoría para la Libertad de Expresión, en la OEA. La Asociación de Editores de Diarios y Medios Informativos, ANDIARIOS, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP; Transparencia por Colombia, Misión de Observación Electoral, MOE; Corporación Ocasa, Medios Para la Paz; Proyecto Antonio Nariño, PAN y Corporación Nuevo Arco Iris, dejaron expuesta su preocupación en un documento firmado conjuntamente.

En el documento expresan que la postura de Colombia fue débil en la Relatoría por la Libertad de Prensa, “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones “son positivas” y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.